INNOVACION Y TECNOLOGIA PARA LA GESTION SANITARIA
miércoles, 4 de abril de 2012
El Instituto de Salud Carlos III contará este año con 293,45 millones de euros de presupuesto, un 2,2% menos
El Instituto de Salud Carlos III, dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad, contará este año con un presupuesto de 293,45 millones de euros, un 2,2 por ciento menos que en el ejercicio anterior y una cifra que supone el 37,62% del total de los recursos de este departamento ministerial.
MADRID, 03 (EUROPA PRESS)La magnitud más relevante de su presupuesto es la destinada a financiar transferencias de capital, que muestra una dotación para el año 2012 de 117,48 millones de euros, un decremento del 7,89%.
De ellos, corresponde a familias e instituciones sin fines de lucro 110,58 millones, de los que se destinarán 73,23 millones de euros --3,4 millones menos que en 2011-- al Fondo de Investigación Sanitaria, y 32,01 millones de euros --1,66 millones menos que en el ejercicio anterior-- a la financiación de estructuras estables de investigación cooperativa.
Asimismo, de este dinero, 5,35 millones de euros irán al Fondo de Investigación Sanitaria, de los que 4,94 millones de euros --5 millones menos que en 2011-- se destinarán a investigación evaluativa de tecnologías sanitarias y 410.000 euros a ayudas para la investigación clínica no comercial con medicamentos de uso humano.
Por su parte, el presupuesto para transferencias corrientes sube un 5,82 por ciento, pasando de los 102,73 millones de 2011 a los 108,71 millones para este ejercicio.
Estas transferencias se destinarán a la Fundación Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas Carlos III (20,31 millones de euros) y a la Fundación Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III, que disfrutará de uno de los principales incrementos, pasando de los 4,4 millones de 2011 a los 15,66 millones de 2012.
Asimismo, recibirán parte de este dinero la Fundación Centro de Investigación de Enfermedades Neurológicas (0,66 millones de euros) y el conjunto de los Centros de Investigación Biomédica en Red (CIBER), que contará con 31,29 millones de euros.
PARTICIPACIÓN ESPAÑOLA EN EL VII PROGRAMA MARCO DE I+D DE LA UNIÓN EUROPEA
Tema 3: Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Resultados Provisionales 2011
Fecha: 1 de marzo de 2012
© CDTI, 2012.
DESCARGAR EL DOCUMENTOEl 'tijeretazo' del Gobierno deja en coma a la investigación española
LOS RECORTES ASCIENDEN A UN 41% DESDE 2009
El peor de los escenarios, que situaba la reducción en un 8,65%, ya era considerado "cercano al colapso del sector" en una carta abierta remitida al Gobierno por los investigadores. Sin embargo el 'tajo' ha sido casi tres veces mayor y, sumando los recortes de los últimos años, la ciencia española ha visto reducida la inversión pública desde 2009 en un 41%, o lo que es lo mismo, más de 2.000 millones menos.
El
fomento de la coordinación de la investigación científica y técnica
(1.392 millones de euros), la investigación científica (771 millones de
euros) y la innovación tecnológica de las telecomunicaciones (671
millones de euros) son otros de los programas con mayor peso económico
en el sector, frente a la I+D en Transportes e Infraestructuras (2,8
millones) y la investigación y evaluación educativa (5,5 millones), que
son los programas con menor gasto.
Podría pensarse que el CSIC, el Centro Superior de Investigaciones Científicas, es uno de los centros que 'salvan los muebles' con solo un recorte del 2,8%, si bien sus trabajadores no tienen la misma opinión. Fuentes de la entidad dibujan un panorama desolador: "El año pasado éramos quince personas en mi equipo. Desde la semana pasada somos solo cuatro. No podemos continuar la mayor parte de las líneas de investigación que teníamos abiertas y con un nuevo recorte las cosas se podrían poner peor.. aunque ya ni imagino cómo". A tenor de esta información, cuesta imaginar la tesitura de, por ejemplo, el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), que contará este año con 17,4 millones de euros, un 17% menos que en 2011.
Tal ha sido el impacto de los recortes que COSCE, la principal asociación de científicos, ha preferido mantener el silencio hasta el mediodía de hoy, cuando presentarán un informe técnico con detalles sobre el nuevo panorama de la investigación en España.
Oídos sordos
Con estos presupuestos, el Gobierno de Mariano Rajoy desoye las múltiples advertencias recibidas en los últimos meses. Y es que la Unión Europea ha reiterado a España en diversas ocasiones que la inversión en i+D+i es una condición 'sine qua non' para mantener la competitividad a nivel internacional, al tiempo que publicaciones como Nature, que pasa por ser la biblia de las prensa científica, recordaba que "un país que no invierten en ciencia se enfrenta a un futuro sombrío".
Pero no solo ignora a los profesionales sino también al preámbulo de la Ley de Ciencia aprobada en año pasado en el Congreso, que aseguraba que "el modelo productivo español se ha agotado, con lo que es necesario impulsar un cambio a través de la apuesta por la investigación y la innovación como medios para conseguir una economía basada en el conocimiento que permita garantizar un crecimiento más equilibrado, diversificado y sostenible"
Un 34% menos en subvención científica
En
cifras concretas, el capital disponible para los Programas de
Investigación pasa de los 1.845 millones del año pasado a los 1.218 de
este, un 34% menos. En cuanto al gasto del Ejecutivo en estos
programas, el de mayor peso, con un 36,6% del presupuesto, corresponde
al programa de Investigación y Desarrollo Tecnológico-Industrial, que
registra para 2012 una dotación de 2.063 millones de euros. Aún así, es
una cantidad que supone un 27% menos que la registrada en 2011.
Podría pensarse que el CSIC, el Centro Superior de Investigaciones Científicas, es uno de los centros que 'salvan los muebles' con solo un recorte del 2,8%, si bien sus trabajadores no tienen la misma opinión. Fuentes de la entidad dibujan un panorama desolador: "El año pasado éramos quince personas en mi equipo. Desde la semana pasada somos solo cuatro. No podemos continuar la mayor parte de las líneas de investigación que teníamos abiertas y con un nuevo recorte las cosas se podrían poner peor.. aunque ya ni imagino cómo". A tenor de esta información, cuesta imaginar la tesitura de, por ejemplo, el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), que contará este año con 17,4 millones de euros, un 17% menos que en 2011.
Tal ha sido el impacto de los recortes que COSCE, la principal asociación de científicos, ha preferido mantener el silencio hasta el mediodía de hoy, cuando presentarán un informe técnico con detalles sobre el nuevo panorama de la investigación en España.
Oídos sordos
Con estos presupuestos, el Gobierno de Mariano Rajoy desoye las múltiples advertencias recibidas en los últimos meses. Y es que la Unión Europea ha reiterado a España en diversas ocasiones que la inversión en i+D+i es una condición 'sine qua non' para mantener la competitividad a nivel internacional, al tiempo que publicaciones como Nature, que pasa por ser la biblia de las prensa científica, recordaba que "un país que no invierten en ciencia se enfrenta a un futuro sombrío".
Pero no solo ignora a los profesionales sino también al preámbulo de la Ley de Ciencia aprobada en año pasado en el Congreso, que aseguraba que "el modelo productivo español se ha agotado, con lo que es necesario impulsar un cambio a través de la apuesta por la investigación y la innovación como medios para conseguir una economía basada en el conocimiento que permita garantizar un crecimiento más equilibrado, diversificado y sostenible"
martes, 3 de abril de 2012
Manuel Varela: “El Hospital 2050 que proponemos es un centro sin muros e inteligente, basándonos en desarrollos tecnológicos”
DIRECTOR GENERAL DE INNOVACIÓN
El objetivo principal es “cambiar el modelo asistencial para mejorar
la sostenibilidad del sistema y el servicio que se presta al paciente”
Enrique Pita.
En diciembre de 2011 la Xunta de Galicia y el entonces Ministerio de Ciencia e Innovación firmaron dos convenios para poner en marcha dos ambiciosos proyectos: Innova Saúde y el Hospital 2050. Poco más de tres meses después, ambas iniciativas están en marcha y van dando sus primeros pasos hacia el objetivo principal, que no es otro que “cambiar el modelo asistencial para mejorar la sostenibilidad del sistema y el servicio que se presta al paciente” explica a Redacción Médica el director general de Innovación y Gestión de la Salud Pública de la Xunta, Manuel Varela.
¿De dónde surgen los proyectos Hospital 2050 e Innova Saúde?
Ambos, tanto el Hospital 2050 como Innova Saúde, son una respuesta a las necesidades que teníamos de resolver problemas asistenciales. Hace aproximadamente un año y medio creamos un equipo de trabajo dentro de la Consejería de Salud con el objetivo de impulsar que haya proyectos de innovación, pero todos los proyectos que hagamos siempre van buscando cambiar el modelo asistencial y que sean de impacto, para hacer grandes cambios, para mejorar la sostenibilidad del sistema, para mejorar el servicio que prestamos al paciente y que se puedan implantar.
Partimos de una necesidad a resolver, una idea, se va concretando, hacemos una prueba piloto y después se implanta en toda la organización. Un ejemplo en Galicia en los últimos años es la implantación de la historia clínica electrónica, que comenzó hace unos años, se implantó poco a poco y hoy es una realidad en todos los centros y que ha cambiado la dinámica de trabajo de los médicos y el servicio que se presta a los pacientes.
¿Qué prioridades se marcan con estos proyectos?
Cuando la Plataforma de Innovación se pone en marcha hace año y medio, una de las cosas que se hicieron fue seleccionar las prioridades que tiene el Servicio de Salud en cuestión de necesidades, que no dejan de ser más o menos las mismas que cualquier otro servicio de salud. Así, se señalan la atención de crónicos; el hecho de que cada vez el hospital se convierta en un centro de alta resolución y que la hospitalización se pueda realizar en el propio domicilio del paciente; aprovechar las nuevas tecnologías para tratar al paciente a distancia, para prestarle servicios en su hogar; la gestión de la imagen médica o la eficiencia de la energía…Es decir, una serie de retos que todos los servicios de salud hemos identificado y trabajamos para resolverlos de una manera o de otra.
¿Cómo se financian? ¿Cuál es la relación con el extinto Ministerio de Ciencia e Innovación?
Observamos que había una oportunidad realmente importante para Galicia para financiar proyectos de innovación. Hay una partida de financiación europea para el periodo 2007-2013 que supone más de 2.000 millones de euros para España para el desarrollo tecnológico. En este sentido, reciben más financiación y en mejores condiciones aquellas comunidades autónomas que están más lejos de converger con la media europea, por ejemplo Galicia, Castilla-La Mancha o Andalucía.
En nuestro caso concreto había aproximadamente unos 260 millones de euros en este periodo para empresas privadas y unos 100-110 millones para la Administración pública. Este dinero lo gestionaba el antiguo Ministerio de Ciencia e Innovación, que ahora es Economía y Competitividad. En el caso de Galicia y la parte de Administración pública, lo cierto es que a 2011 no había ningún dinero utilizado, esos 100 millones estaban si adjudicar. Era por tanto una situación un poco límite porque el periodo para el inicio de los proyectos acababa en 2013, aunque permite una prórroga hasta 2015.
Le planteamos al Ministerio de Ciencia e Innovación los dos proyectos de los que he hablado antes. Con uno de ellos, lo que pretendemos es cambiar el modelo de servicios asistenciales, que es al que hemos llamado Innova Saúde, que incide sobre cómo aplicar las innovaciones a los procesos para mejorarlos. El otro proyecto, Hospital 2050, tiene más que ver con la infraestructura propia de un hospital, que parte de la visión de empezar a diseñar el hospital del futuro.
Al Ministerio le gustó mucho la idea. Estos fondos que tiene el Ministerio deben ir enfocados a desarrollar tecnologías, que es lo que vamos a hacer nosotros, y sobre todo tiene que tener una participación muy clara de la empresa, son fondos que buscan incentivar la competitividad empresarial. El modelo que nosotros presentamos parte de identificar un problema asistencial que resolver, como por ejemplo la hospitalización de pacientes crónicos en su domicilio, tenerlos monitorizados desde casa, conectados con su gestor de caso, etc, porque es mejor para el paciente, mayor calidad de vida y, en teoría, más sostenible económicamente. ¿Cómo conseguirlo? Con tecnologías de información, pero son unas tecnologías de las que existe la base pero no están desarrolladas en el terreno médico. Aun así, las posibilidades son tremendas.
Lo que vamos a hacer es pedirles a las empresas que nos desarrollen tecnología y lo vamos a implantar en el Servicio Gallego de Salud. Las empresas que lo desarrollen tendrán por tanto un nuevo producto o servicio con el que competir, porque son necesidades que tenemos nosotros pero que tienen también otros servicios de salud de todo el mundo. Encajaba muy bien con el espíritu del fondo de la Unión Europea.
Comenzamos con la tramitación administrativa y el 1 de diciembre de 2011 se firmaron dos convenios entre el Ministerio de Ciencia e Innovación y el Servicio Gallego de Salud por los que nosotros nos comprometemos a desarrollar estos dos proyectos, con un presupuesto de 45 millones de euros cada uno. El Ministerio nos financia el 70 por ciento del presupuesto de cada uno de ellos, es decir, unos 31 millones de euros por cada uno, y nosotros aportamos el resto.
Una vez firmado el convenio, nosotros adquirimos el compromiso de ejecutar el proyecto, que acabará a finales de 2015.
¿En qué punto se encuentran ahora?
Aunque evidentemente la idea era previa, no empezamos a trabajar formalmente hasta diciembre del pasado año porque la financiación era limitante. Comprenderá que 90 millones de euros en estos tiempos es mucho dinero.
Estos dos proyectos se dividen en 23 líneas de trabajo que van desde intentar desarrollar tecnología para hacer de la casa del paciente un hospital hasta intentar aprovechar las posibilidades de la teleasistencia sobre todo para que sea interconsulta entre nuestros propios especialistas, pasando por dar servicios al ciudadano a través de la TDT, gestionar sus citas, monitorización de crónicos o sistemas de información para mejorar las urgencias, entre otras. En definitiva, todo un paquete de proyectos para cambiar el modelo asistencial.
Los proyectos tienen tres fases muy claras. Por un lado, intentar definir cómo solucionar los problemas asistenciales que queremos solventar, diseñando cómo queremos que sea. Ahora mismo estamos definiendo qué tecnología queremos desarrollar, y en principio eso es lo que nos va a llevar buena parte de este año, aunque hay proyectos que van más avanzados y probablemente en verano estén más definidos que otros.
Una vez estén definidos, sacaremos por cada proyecto un concurso público para que las empresas se presenten a desarrollar lo que nosotros queremos hacer. Los plazos son aproximados, pero contamos con que esto comenzará en verano de 2012 si todo va bien y se extenderá durante la primera mitad de 2013 aproximadamente. Las empresas desarrollarán esas soluciones, que podrá llevar todo 2013 y tendremos 2014 y 2015 para probar esas soluciones. Es decir, haremos proyectos pilotos con buen número de pacientes.
En 2015 se acabará el proyecto. Habríamos cumplido con lo que nos hemos comprometido, pero el gran resultado es que en 2015 seamos capaces de implantar en el Servicio de Salud aquello que hayamos desarrollado y comenzar a cambiar la manera de trabajar. Es decir, lo bonito comienza en 2016, pero todo el trabajo hasta ese año es muy importante. Ese es el horizonte.
Entiendo que estos proyectos enlazan, de alguna manera, con la estrategia de Compra Pública de Tecnología Innovadora que se aprobó en la pasada legislatura.
Absolutamente. De hecho este es uno de los aspectos por los que al Ministerio de Ciencia e Innovación le gustó mucho nuestra propuesta y por lo que apostaron de forma importante. Buena parte del dinero destinado al proyecto se va a emplear precisamente en el desarrollo de tecnologías y en financiar CPTI, aunque no todo, porque hay que dedicar parte del presupuesto a pagar al personal, a comprar equipamiento, para infraestructuras.
Ese desarrollo de tecnologías va más allá del concepto de CPTI, que al final no deja de ser que la Administración compra algo que aún no está en el mercado y al hacerlo induce a que las empresas desarrollen nuevas soluciones o nueva tecnología que es innovadora y que las hace más competitivas.
De hecho, el Ministerio de Ciencia e Innovación quería que este proyecto, junto con algún otro que hay en España, fuera el caso de éxito de que la CPTI puede funcionar y puede servir para estimular la economía.
Con la desaparición del Ministerio de Ciencia e Innovación supongo que su interlocutora es la secretaria de Estado de Innovación, Carmen Vela. ¿Cómo es la relación?
En estos momentos la relación es igual de buena que era antes. Si se mira la hemeroteca y se observa la tramitación de los convenios, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y la entonces ministra Garmendia fueron muy claros. Se hizo un trabajo muy importante por las dos partes, muy leal y con muy buena sintonía por encima de colores políticos, como debe ser.
Ahora sigue siendo igual, lo que pasa es que estamos en una fase distinta. En aquel momento, nosotros presentábamos un proyecto y el Ministerio tenía que evaluar si era factible, y ahora la relación es más de supervisión de lo que estamos realizando. Además, tampoco se ha generado mucha actividad, pero aun así hablamos todas las semanas. Hay una Comisión de Seguimiento con representantes del Ministerio y del Servicio Gallego de Salud.
¿Han presentado el proyecto a patronales como Fenin, Farmaindustria, Asebio…?
Estamos en ello. Dentro del proyecto existe una partida importante para difusión y realmente es muy importante fomentar la participación, que se conozca el proyecto, que se conozca. En ese sentido, trabajamos en cómo vamos a difundir los proyectos, pero entendemos que aún es un poco pronto porque queremos presentarlos cuando hayamos avanzado más en lo que queremos hacer. Pero es probable que de aquí al verano hagamos distintas actuaciones. Por ejemplo con Asebio hemos tenido contactos informales.
¿Cuentan con la posibilidad de crear spin off dentro de los propios proyectos?
Es de esperar, y, de hecho, es uno de los objetivos del proyecto. Tal y como está pensado el proyecto y por la Compra Pública de Tecnología Innovadora, la propiedad intelectual de resultados del proyecto, grosso modo, va a corresponder a las empresas que desarrollen las soluciones.
Lo que esperamos es que haya empresas que viendo el buen resultado del proyecto y del desarrollo tecnológico que han puesto en marcha creen empresas para explotar ese producto. Pero también pueden hacerlo desde las empresas que ya tienen.
Tenemos claro que sin en tres años se hace una apuesta de 90 millones de euros para hacer desarrollo tecnológico en Sanidad, si se hace bien, tiene que tener un impacto en la economía. Al final va a haber un tejido empresarial alrededor de la sanidad mucho más competitivo, y se podrá hacer a través de una spin off o abriendo una nueva línea de negocio.
Interpreto que el proyecto es a largo plazo…
Exacto. Creo que los nombres están muy bien puestos. Cuando hablamos del Hospital 2050 no es porque vayamos a esperar a 2050 para implantar los resultados, sino que estamos hablando de una visión a medio-largo plazo de cambiar la asistencia sanitaria. Por eso es importante que definamos bien lo que queremos, que las empresas hagan un buen trabajo, que se implante bien, etc, pero la idea sería que si en 2016 he testado una forma distinta para tratar al paciente crónico o para gestionar las urgencias, empezáramos entonces a aplicarlo en nuestros centros sanitarios.
Lo bueno es a medida que se van implantando, irán surgiendo otras posibilidades de mejorar. Y ahí es donde entra la visión de medio plazo para cambiar el sistema asistencial. En el Hospital 2050 hablamos como objetivos muy generales de cambiar el hospital hacia un centro sin muros, entendiendo que el hospital también llega a la casa del paciente; inteligente, porque si tengo implantada la historia clínica electrónica puedo intentar al médico a la toma de decisiones o localizar una alerta alimentaria…Esto es una revolución. Pero también hablamos de hacer un hospital verde, rebajando el consumo energético, haciéndolos medioambientalmente más sostenibles. Estamos hablando por tanto de cambiar el concepto de hospital, y este es un primer escalón muy bueno, pero es un proyecto a medio plazo.
En diciembre de 2011 la Xunta de Galicia y el entonces Ministerio de Ciencia e Innovación firmaron dos convenios para poner en marcha dos ambiciosos proyectos: Innova Saúde y el Hospital 2050. Poco más de tres meses después, ambas iniciativas están en marcha y van dando sus primeros pasos hacia el objetivo principal, que no es otro que “cambiar el modelo asistencial para mejorar la sostenibilidad del sistema y el servicio que se presta al paciente” explica a Redacción Médica el director general de Innovación y Gestión de la Salud Pública de la Xunta, Manuel Varela.
Manuel Varela.
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Ambos, tanto el Hospital 2050 como Innova Saúde, son una respuesta a las necesidades que teníamos de resolver problemas asistenciales. Hace aproximadamente un año y medio creamos un equipo de trabajo dentro de la Consejería de Salud con el objetivo de impulsar que haya proyectos de innovación, pero todos los proyectos que hagamos siempre van buscando cambiar el modelo asistencial y que sean de impacto, para hacer grandes cambios, para mejorar la sostenibilidad del sistema, para mejorar el servicio que prestamos al paciente y que se puedan implantar.
Partimos de una necesidad a resolver, una idea, se va concretando, hacemos una prueba piloto y después se implanta en toda la organización. Un ejemplo en Galicia en los últimos años es la implantación de la historia clínica electrónica, que comenzó hace unos años, se implantó poco a poco y hoy es una realidad en todos los centros y que ha cambiado la dinámica de trabajo de los médicos y el servicio que se presta a los pacientes.
¿Qué prioridades se marcan con estos proyectos?
Cuando la Plataforma de Innovación se pone en marcha hace año y medio, una de las cosas que se hicieron fue seleccionar las prioridades que tiene el Servicio de Salud en cuestión de necesidades, que no dejan de ser más o menos las mismas que cualquier otro servicio de salud. Así, se señalan la atención de crónicos; el hecho de que cada vez el hospital se convierta en un centro de alta resolución y que la hospitalización se pueda realizar en el propio domicilio del paciente; aprovechar las nuevas tecnologías para tratar al paciente a distancia, para prestarle servicios en su hogar; la gestión de la imagen médica o la eficiencia de la energía…Es decir, una serie de retos que todos los servicios de salud hemos identificado y trabajamos para resolverlos de una manera o de otra.
¿Cómo se financian? ¿Cuál es la relación con el extinto Ministerio de Ciencia e Innovación?
Observamos que había una oportunidad realmente importante para Galicia para financiar proyectos de innovación. Hay una partida de financiación europea para el periodo 2007-2013 que supone más de 2.000 millones de euros para España para el desarrollo tecnológico. En este sentido, reciben más financiación y en mejores condiciones aquellas comunidades autónomas que están más lejos de converger con la media europea, por ejemplo Galicia, Castilla-La Mancha o Andalucía.
En nuestro caso concreto había aproximadamente unos 260 millones de euros en este periodo para empresas privadas y unos 100-110 millones para la Administración pública. Este dinero lo gestionaba el antiguo Ministerio de Ciencia e Innovación, que ahora es Economía y Competitividad. En el caso de Galicia y la parte de Administración pública, lo cierto es que a 2011 no había ningún dinero utilizado, esos 100 millones estaban si adjudicar. Era por tanto una situación un poco límite porque el periodo para el inicio de los proyectos acababa en 2013, aunque permite una prórroga hasta 2015.
Le planteamos al Ministerio de Ciencia e Innovación los dos proyectos de los que he hablado antes. Con uno de ellos, lo que pretendemos es cambiar el modelo de servicios asistenciales, que es al que hemos llamado Innova Saúde, que incide sobre cómo aplicar las innovaciones a los procesos para mejorarlos. El otro proyecto, Hospital 2050, tiene más que ver con la infraestructura propia de un hospital, que parte de la visión de empezar a diseñar el hospital del futuro.
Al Ministerio le gustó mucho la idea. Estos fondos que tiene el Ministerio deben ir enfocados a desarrollar tecnologías, que es lo que vamos a hacer nosotros, y sobre todo tiene que tener una participación muy clara de la empresa, son fondos que buscan incentivar la competitividad empresarial. El modelo que nosotros presentamos parte de identificar un problema asistencial que resolver, como por ejemplo la hospitalización de pacientes crónicos en su domicilio, tenerlos monitorizados desde casa, conectados con su gestor de caso, etc, porque es mejor para el paciente, mayor calidad de vida y, en teoría, más sostenible económicamente. ¿Cómo conseguirlo? Con tecnologías de información, pero son unas tecnologías de las que existe la base pero no están desarrolladas en el terreno médico. Aun así, las posibilidades son tremendas.
Lo que vamos a hacer es pedirles a las empresas que nos desarrollen tecnología y lo vamos a implantar en el Servicio Gallego de Salud. Las empresas que lo desarrollen tendrán por tanto un nuevo producto o servicio con el que competir, porque son necesidades que tenemos nosotros pero que tienen también otros servicios de salud de todo el mundo. Encajaba muy bien con el espíritu del fondo de la Unión Europea.
Comenzamos con la tramitación administrativa y el 1 de diciembre de 2011 se firmaron dos convenios entre el Ministerio de Ciencia e Innovación y el Servicio Gallego de Salud por los que nosotros nos comprometemos a desarrollar estos dos proyectos, con un presupuesto de 45 millones de euros cada uno. El Ministerio nos financia el 70 por ciento del presupuesto de cada uno de ellos, es decir, unos 31 millones de euros por cada uno, y nosotros aportamos el resto.
Una vez firmado el convenio, nosotros adquirimos el compromiso de ejecutar el proyecto, que acabará a finales de 2015.
¿En qué punto se encuentran ahora?
Aunque evidentemente la idea era previa, no empezamos a trabajar formalmente hasta diciembre del pasado año porque la financiación era limitante. Comprenderá que 90 millones de euros en estos tiempos es mucho dinero.
Estos dos proyectos se dividen en 23 líneas de trabajo que van desde intentar desarrollar tecnología para hacer de la casa del paciente un hospital hasta intentar aprovechar las posibilidades de la teleasistencia sobre todo para que sea interconsulta entre nuestros propios especialistas, pasando por dar servicios al ciudadano a través de la TDT, gestionar sus citas, monitorización de crónicos o sistemas de información para mejorar las urgencias, entre otras. En definitiva, todo un paquete de proyectos para cambiar el modelo asistencial.
Los proyectos tienen tres fases muy claras. Por un lado, intentar definir cómo solucionar los problemas asistenciales que queremos solventar, diseñando cómo queremos que sea. Ahora mismo estamos definiendo qué tecnología queremos desarrollar, y en principio eso es lo que nos va a llevar buena parte de este año, aunque hay proyectos que van más avanzados y probablemente en verano estén más definidos que otros.
Una vez estén definidos, sacaremos por cada proyecto un concurso público para que las empresas se presenten a desarrollar lo que nosotros queremos hacer. Los plazos son aproximados, pero contamos con que esto comenzará en verano de 2012 si todo va bien y se extenderá durante la primera mitad de 2013 aproximadamente. Las empresas desarrollarán esas soluciones, que podrá llevar todo 2013 y tendremos 2014 y 2015 para probar esas soluciones. Es decir, haremos proyectos pilotos con buen número de pacientes.
En 2015 se acabará el proyecto. Habríamos cumplido con lo que nos hemos comprometido, pero el gran resultado es que en 2015 seamos capaces de implantar en el Servicio de Salud aquello que hayamos desarrollado y comenzar a cambiar la manera de trabajar. Es decir, lo bonito comienza en 2016, pero todo el trabajo hasta ese año es muy importante. Ese es el horizonte.
Entiendo que estos proyectos enlazan, de alguna manera, con la estrategia de Compra Pública de Tecnología Innovadora que se aprobó en la pasada legislatura.
Absolutamente. De hecho este es uno de los aspectos por los que al Ministerio de Ciencia e Innovación le gustó mucho nuestra propuesta y por lo que apostaron de forma importante. Buena parte del dinero destinado al proyecto se va a emplear precisamente en el desarrollo de tecnologías y en financiar CPTI, aunque no todo, porque hay que dedicar parte del presupuesto a pagar al personal, a comprar equipamiento, para infraestructuras.
Ese desarrollo de tecnologías va más allá del concepto de CPTI, que al final no deja de ser que la Administración compra algo que aún no está en el mercado y al hacerlo induce a que las empresas desarrollen nuevas soluciones o nueva tecnología que es innovadora y que las hace más competitivas.
De hecho, el Ministerio de Ciencia e Innovación quería que este proyecto, junto con algún otro que hay en España, fuera el caso de éxito de que la CPTI puede funcionar y puede servir para estimular la economía.
Con la desaparición del Ministerio de Ciencia e Innovación supongo que su interlocutora es la secretaria de Estado de Innovación, Carmen Vela. ¿Cómo es la relación?
En estos momentos la relación es igual de buena que era antes. Si se mira la hemeroteca y se observa la tramitación de los convenios, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y la entonces ministra Garmendia fueron muy claros. Se hizo un trabajo muy importante por las dos partes, muy leal y con muy buena sintonía por encima de colores políticos, como debe ser.
Ahora sigue siendo igual, lo que pasa es que estamos en una fase distinta. En aquel momento, nosotros presentábamos un proyecto y el Ministerio tenía que evaluar si era factible, y ahora la relación es más de supervisión de lo que estamos realizando. Además, tampoco se ha generado mucha actividad, pero aun así hablamos todas las semanas. Hay una Comisión de Seguimiento con representantes del Ministerio y del Servicio Gallego de Salud.
¿Han presentado el proyecto a patronales como Fenin, Farmaindustria, Asebio…?
Estamos en ello. Dentro del proyecto existe una partida importante para difusión y realmente es muy importante fomentar la participación, que se conozca el proyecto, que se conozca. En ese sentido, trabajamos en cómo vamos a difundir los proyectos, pero entendemos que aún es un poco pronto porque queremos presentarlos cuando hayamos avanzado más en lo que queremos hacer. Pero es probable que de aquí al verano hagamos distintas actuaciones. Por ejemplo con Asebio hemos tenido contactos informales.
¿Cuentan con la posibilidad de crear spin off dentro de los propios proyectos?
Es de esperar, y, de hecho, es uno de los objetivos del proyecto. Tal y como está pensado el proyecto y por la Compra Pública de Tecnología Innovadora, la propiedad intelectual de resultados del proyecto, grosso modo, va a corresponder a las empresas que desarrollen las soluciones.
Lo que esperamos es que haya empresas que viendo el buen resultado del proyecto y del desarrollo tecnológico que han puesto en marcha creen empresas para explotar ese producto. Pero también pueden hacerlo desde las empresas que ya tienen.
Tenemos claro que sin en tres años se hace una apuesta de 90 millones de euros para hacer desarrollo tecnológico en Sanidad, si se hace bien, tiene que tener un impacto en la economía. Al final va a haber un tejido empresarial alrededor de la sanidad mucho más competitivo, y se podrá hacer a través de una spin off o abriendo una nueva línea de negocio.
Interpreto que el proyecto es a largo plazo…
Exacto. Creo que los nombres están muy bien puestos. Cuando hablamos del Hospital 2050 no es porque vayamos a esperar a 2050 para implantar los resultados, sino que estamos hablando de una visión a medio-largo plazo de cambiar la asistencia sanitaria. Por eso es importante que definamos bien lo que queremos, que las empresas hagan un buen trabajo, que se implante bien, etc, pero la idea sería que si en 2016 he testado una forma distinta para tratar al paciente crónico o para gestionar las urgencias, empezáramos entonces a aplicarlo en nuestros centros sanitarios.
Lo bueno es a medida que se van implantando, irán surgiendo otras posibilidades de mejorar. Y ahí es donde entra la visión de medio plazo para cambiar el sistema asistencial. En el Hospital 2050 hablamos como objetivos muy generales de cambiar el hospital hacia un centro sin muros, entendiendo que el hospital también llega a la casa del paciente; inteligente, porque si tengo implantada la historia clínica electrónica puedo intentar al médico a la toma de decisiones o localizar una alerta alimentaria…Esto es una revolución. Pero también hablamos de hacer un hospital verde, rebajando el consumo energético, haciéndolos medioambientalmente más sostenibles. Estamos hablando por tanto de cambiar el concepto de hospital, y este es un primer escalón muy bueno, pero es un proyecto a medio plazo.
Recortes y reformas en investigación
El sistema español de I+D ha crecido pero adolece todavía de problemas estructurales que pueden agravarse con los recortes presupuestarios. Para sobrevivir a la crisis necesita transformarse radicalmente
Tras una época de expansión de los presupuestos para investigación y
de aumento de personal en universidades y centros públicos de I+D, desde
2009 vivimos sucesivos recortes presupuestarios, congelación de
plantillas e incertidumbres sobre el futuro de los investigadores
temporales. En investigación es importante evitar daños irreversibles y,
ahora, hacer reformas estructurales que mejoren los incentivos de los
actores y la capacidad de respuesta ante la crisis. Si no queremos
seguir siendo -casi- irrelevantes, con los efectos negativos que ello
tiene para la innovación y el crecimiento económico, son necesarias
instituciones fuertes, con flexibilidad de gestión y capacidad de
adaptarse al entorno. Y también financiación suficiente.
La Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, aprobada en junio de 2011, no es el ungüento que el sistema de I+D necesita, aunque tiene algunos aspectos como la agencia de financiación de la investigación, el establecimiento de nuevas modalidades de contratación laboral del personal investigador o algunas relativas a la innovación, que merece la pena llevar adelante.
El sistema español de I+D ha crecido. Sin embargo, aún perduran problemas estructurales. En primer lugar, su limitada internacionalización: las publicaciones científicas en colaboración con otros países apenas alcanzaron el 40% del total, claramente por debajo de otros países europeos; además, ninguna institución española se encuentra entre las 40 instituciones europeas que había obtenido más de 10 proyectos del Consejo Europeo de Investigación (ERC). En segundo lugar, la calidad de sus resultados es mejorable, por no mencionar el bajo nivel de patentes; España ocupa la novena posición del mundo por cantidad de trabajos científicos, sin embargo, en calidad (factor de impacto, porcentaje de trabajos entre los más citados, etcétera) descendemos al puesto veintitantos. En tercer lugar, la escasa orientación de los objetivos hacia los problemas y desafíos sociales y económicos: las agendas y la dirección de la investigación responden a una estructura de incentivos que se ajusta a la satisfacción de publicar los resultados de investigación, en el mejor de los casos en revistas internacionales de prestigio.
Además, la gobernanza del sistema de I+D y las políticas de investigación se caracterizan por una gran fragmentación, competencial (derivada del incumplimiento del mandato del artículo 149.15 de la Constitución sobre la “coordinación general de la investigación científica y técnica”), e instrumental (derivada de la multiplicación de convocatorias, la mayoría irrelevantes para el buen funcionamiento del sistema de I+D), lo que genera duplicaciones, redundancias e ineficiencias.
Los efectos de estos problemas se agravan en el contexto de recortes generalizados, especialmente cuando se aplican sobre modelos de organización inadecuados, caracterizados por la falta de incentivos apropiados, y sobre los que apenas se ha actuado en estos años, salvo la reciente puesta en marcha de unos pocos centros de I+D (véase “Cómo gastar mejor en la ciencia española”, EL PAÍS 10/3/2010).
La financiación de las organizaciones de I+D está dominada por las
transferencias presupuestarias directas y finalistas, y no por los
fondos competitivos de I+D, que en los centros de excelencia
internacionales suelen alcanzar el 50% del presupuesto. Este modelo de
financiación dificulta la flexibilidad y la capacidad de adaptación de
las organizaciones a necesidades cambiantes. Con algunas excepciones,
nuestros centros e institutos de I+D carecen de autonomía respecto a la
autoridad política que les financia y de flexibilidad en el uso de los
recursos que reciben; están mal preparados para tomar decisiones
colectivas sobre las mejores estrategias posibles y carecen de control
sobre recursos esenciales para un organismo de investigación (el
presupuesto, las plantillas, la política de reclutamiento, retención y
retiro, la política de retribuciones, la evaluación del rendimiento,
etcétera).
Forzar a las organizaciones de I+D a racionalizar sus gastos, vía recortes de las transferencias corrientes, puede tener la virtud de incentivar el esfuerzo y la búsqueda de fondos externos. Pero para que el sistema español de I+D sobreviva a la crisis, necesitamos trasformar radicalmente esas organizaciones públicas de investigación, librarlas de sus ataduras, precisamente para permitir que puedan adaptarse inteligentemente y de forma selectiva.
Fomentar la competencia y el esfuerzo por aumentar la capacidad de autofinanciación de las instituciones puede ser positivo, pero es necesario que haya fondos competitivos suficientes. Son las dos caras de un sistema sano, instituciones autónomas y flexibles, capaces de decidir sobre el uso de recursos y un sistema suficiente de financiación competitiva de la I+D, aquella que se otorga tras rigurosas evaluaciones de relevancia y oportunidad.
El nivel óptimo de fondos nacionales de carácter competitivo para la ciencia española se podría situar en unos mil millones de euros al año, y en todo caso no debería descender de los 700 millones, sin incluir los fondos de biomedicina; pero también hace falta una agencia de financiación que los administre en base a los méritos científicos y la oportunidad, al modo del ERC.
El Gobierno y las comunidades autónomas deben garantizar que esos “recortes necesarios” sean selectivos, para que los fondos se utilicen mejor; reequilibrar la transferencias directas y fondos competitivos, aumentando éstos últimos y, al mismo tiempo, desarrollar reformas que aumenten la autonomía y flexibilidad de las instituciones de I+D, de modo que puedan competir por los recursos nacionales y europeos. Frente a la omnipresencia del discurso de los recortes, existe margen para políticas y actuaciones que mejoren el sistema.
En primer lugar, coordinar la política de I+D y garantizar la financiación competitiva; solo el 4,5% del total de los gastos en I+D de universidades y centros públicos de investigación españoles procede de fondos europeos de investigación; a la financiación de origen nacional la Administración General del Estado contribuyó con un 40% y el conjunto de las 17 comunidades autónomas con un 60%. Quizá sea necesario un redimensionamiento de la financiación pública de la I+D, pero hace falta selectividad mediante un incremento de los fondos competitivos, búsqueda de sinergias con los fondos europeos, una división clara de las competencias y del trabajo con las comunidades autónomas y una priorización en los instrumentos que se utilizan para ejecutar las políticas del Estado.
Estas actuaciones deben también contribuir a reformar las instituciones y organismos de I+D, incluidas las universidades, aumentando su autonomía, capacidad y discreción en el manejo de sus recursos, con la contrapartida de una mejor rendición de cuentas y evaluación de los resultados. Las instituciones españolas que triunfan en las convocatorias del ERC no son las universidades y organismos de investigación tradicionales, sino los nuevos institutos y centros de I+D, con dirección y liderazgo científico de los mejores investigadores, con capacidad de gestionar su presupuesto y asignar los recursos y de reclutar el mejor talento, en definitiva de construir proyectos científicos de frontera, capaces de responder a los desafíos globales.
Por otra parte se debería integrar mejor a los organismos públicos en el conjunto del sistema de I+D e innovación. Estos centros podrían ser un mecanismo gubernamental de impulso, mejora e internacionalización del conjunto del sistema español de I+D. El CSIC, por ejemplo, apenas ha explotado las sinergias de integrarse en las universidades y en sus escuelas doctorales, para alcanzar tamaños críticos de investigación y mejorar en competitividad.
Pero no hay que olvidar que es esencial reclutar y retener el talento. Es necesario garantizar que los buenos investigadores dispongan de un horizonte claro y un entorno favorable para el desarrollo de su trabajo; centros de I+D de excelencia, que permitan atraer más investigadores —con independencia de su nacionalidad— y retener en la actividad a los mejores; y estas perspectivas no deberían estar sometidas exclusivamente al modelo funcionarial dominante en universidades y centros públicos de I+D, que debe ser repensado junto con los sistemas de evaluación de resultados.
La Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, aprobada en junio de 2011, no es el ungüento que el sistema de I+D necesita, aunque tiene algunos aspectos como la agencia de financiación de la investigación, el establecimiento de nuevas modalidades de contratación laboral del personal investigador o algunas relativas a la innovación, que merece la pena llevar adelante.
El sistema español de I+D ha crecido. Sin embargo, aún perduran problemas estructurales. En primer lugar, su limitada internacionalización: las publicaciones científicas en colaboración con otros países apenas alcanzaron el 40% del total, claramente por debajo de otros países europeos; además, ninguna institución española se encuentra entre las 40 instituciones europeas que había obtenido más de 10 proyectos del Consejo Europeo de Investigación (ERC). En segundo lugar, la calidad de sus resultados es mejorable, por no mencionar el bajo nivel de patentes; España ocupa la novena posición del mundo por cantidad de trabajos científicos, sin embargo, en calidad (factor de impacto, porcentaje de trabajos entre los más citados, etcétera) descendemos al puesto veintitantos. En tercer lugar, la escasa orientación de los objetivos hacia los problemas y desafíos sociales y económicos: las agendas y la dirección de la investigación responden a una estructura de incentivos que se ajusta a la satisfacción de publicar los resultados de investigación, en el mejor de los casos en revistas internacionales de prestigio.
Además, la gobernanza del sistema de I+D y las políticas de investigación se caracterizan por una gran fragmentación, competencial (derivada del incumplimiento del mandato del artículo 149.15 de la Constitución sobre la “coordinación general de la investigación científica y técnica”), e instrumental (derivada de la multiplicación de convocatorias, la mayoría irrelevantes para el buen funcionamiento del sistema de I+D), lo que genera duplicaciones, redundancias e ineficiencias.
Los efectos de estos problemas se agravan en el contexto de recortes generalizados, especialmente cuando se aplican sobre modelos de organización inadecuados, caracterizados por la falta de incentivos apropiados, y sobre los que apenas se ha actuado en estos años, salvo la reciente puesta en marcha de unos pocos centros de I+D (véase “Cómo gastar mejor en la ciencia española”, EL PAÍS 10/3/2010).
Hace falta una agencia que gestione la inversión en base a la oportunidad y a los méritos científicos
Forzar a las organizaciones de I+D a racionalizar sus gastos, vía recortes de las transferencias corrientes, puede tener la virtud de incentivar el esfuerzo y la búsqueda de fondos externos. Pero para que el sistema español de I+D sobreviva a la crisis, necesitamos trasformar radicalmente esas organizaciones públicas de investigación, librarlas de sus ataduras, precisamente para permitir que puedan adaptarse inteligentemente y de forma selectiva.
Fomentar la competencia y el esfuerzo por aumentar la capacidad de autofinanciación de las instituciones puede ser positivo, pero es necesario que haya fondos competitivos suficientes. Son las dos caras de un sistema sano, instituciones autónomas y flexibles, capaces de decidir sobre el uso de recursos y un sistema suficiente de financiación competitiva de la I+D, aquella que se otorga tras rigurosas evaluaciones de relevancia y oportunidad.
El nivel óptimo de fondos nacionales de carácter competitivo para la ciencia española se podría situar en unos mil millones de euros al año, y en todo caso no debería descender de los 700 millones, sin incluir los fondos de biomedicina; pero también hace falta una agencia de financiación que los administre en base a los méritos científicos y la oportunidad, al modo del ERC.
El Gobierno y las comunidades autónomas deben garantizar que esos “recortes necesarios” sean selectivos, para que los fondos se utilicen mejor; reequilibrar la transferencias directas y fondos competitivos, aumentando éstos últimos y, al mismo tiempo, desarrollar reformas que aumenten la autonomía y flexibilidad de las instituciones de I+D, de modo que puedan competir por los recursos nacionales y europeos. Frente a la omnipresencia del discurso de los recortes, existe margen para políticas y actuaciones que mejoren el sistema.
En primer lugar, coordinar la política de I+D y garantizar la financiación competitiva; solo el 4,5% del total de los gastos en I+D de universidades y centros públicos de investigación españoles procede de fondos europeos de investigación; a la financiación de origen nacional la Administración General del Estado contribuyó con un 40% y el conjunto de las 17 comunidades autónomas con un 60%. Quizá sea necesario un redimensionamiento de la financiación pública de la I+D, pero hace falta selectividad mediante un incremento de los fondos competitivos, búsqueda de sinergias con los fondos europeos, una división clara de las competencias y del trabajo con las comunidades autónomas y una priorización en los instrumentos que se utilizan para ejecutar las políticas del Estado.
Estas actuaciones deben también contribuir a reformar las instituciones y organismos de I+D, incluidas las universidades, aumentando su autonomía, capacidad y discreción en el manejo de sus recursos, con la contrapartida de una mejor rendición de cuentas y evaluación de los resultados. Las instituciones españolas que triunfan en las convocatorias del ERC no son las universidades y organismos de investigación tradicionales, sino los nuevos institutos y centros de I+D, con dirección y liderazgo científico de los mejores investigadores, con capacidad de gestionar su presupuesto y asignar los recursos y de reclutar el mejor talento, en definitiva de construir proyectos científicos de frontera, capaces de responder a los desafíos globales.
Por otra parte se debería integrar mejor a los organismos públicos en el conjunto del sistema de I+D e innovación. Estos centros podrían ser un mecanismo gubernamental de impulso, mejora e internacionalización del conjunto del sistema español de I+D. El CSIC, por ejemplo, apenas ha explotado las sinergias de integrarse en las universidades y en sus escuelas doctorales, para alcanzar tamaños críticos de investigación y mejorar en competitividad.
Pero no hay que olvidar que es esencial reclutar y retener el talento. Es necesario garantizar que los buenos investigadores dispongan de un horizonte claro y un entorno favorable para el desarrollo de su trabajo; centros de I+D de excelencia, que permitan atraer más investigadores —con independencia de su nacionalidad— y retener en la actividad a los mejores; y estas perspectivas no deberían estar sometidas exclusivamente al modelo funcionarial dominante en universidades y centros públicos de I+D, que debe ser repensado junto con los sistemas de evaluación de resultados.
Luis Sanz Menéndez es director del
Instituto de Políticas y Bienes Públicos (IPP) del CSIC, y presidente
del Comité de Política Científica y Tecnológica de OCDE
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