Expertos recomiendan que se racionalice la sistemática con la que se decide qué tecnologías sanitarias deben costearse con fondos públicos

La Organización Médica Colegial acogió ayer en su sede la presentación  a los medios de comunicación del primer estudio que cuantifica la utilización de los recursos en la sanidad pública española. El trabajo llega a la conclusión, entre otras, de que la eficiencia de los resultados sanitarios puede mejorarse notablemente, “por lo que no tiene sentido plantear medidas como el copago mientras no se racionalice la sistemática con la que se decide qué tecnologías merecen ser cubiertas con fondos públicos y cuáles no", según se expuso

Madrid, 16 de febrero 2012 (medicosypacientes.com)

 
La Organización Médica Colegial acogió ayer en su sede la presentación  a los medios de comunicación del primer estudio que cuantifica la utilización de los recursos en la sanidad pública española. El estudio llega a la conclusión, entre otras, de que la eficiencia de los resultados sanitarios puede mejorarse notablemente, “por lo que no tiene sentido plantear medidas como el copago mientras no se racionalice la sistemática con la que se decide qué tecnologías merecen ser cubiertas con fondos públicos y cuáles no”. Así lo expuso el doctor Francisco Kovacs, coautor del estudio y director de la Red Española de Investigadores en Dolencias de Espalda (REIDE)
El presidente de la Organización Médica Colegial introdujo el tema recordando que “el propio Código Deontológico de la OMC recoge el deber ético de denunciar cualquier bolsa de ineficiencia que se detecte”. “Igual que tenemos la obligación de denunciar la  pérdida de calidad de la atención prestada a los pacientes, tenemos la obligación de denunciar –afirmó- los recursos que el SNS destina a tratamientos inapropiados como los que este estudio pone de manifiesto, mientras que otros, que han demostrado ser efectivos y ahorran más de lo que cuestan, no se generalizan”. Es por ello, añadió, que “lo que representa este estudio es una pequeña parcela de ineficiencias que pueden ser detectadas”.
El estudio, realizado por investigadores del Servicio Canario de Salud, en colaboración con la Fundación Kovacs,y publicado en la principal revista científica on-line en ese campo, BioMed Central Musculolskeletal Disorders, es el primero que cuantifica el dinero que gasta la sanidad pública española en procedimientos ineficaces o no evaluados. En él se indica que, como mínimo, un 60% de los recursos que el Sistema Nacional de Salud ha destinado a tratamientos rehabilitadores para los pacientes con dolencias cervicales, lumbares y de hombro se han invertido en procedimientos carentes de fundamento científico o comprobadamente inútiles.
En el contexto de una crisis económica, subrayó el doctor Kovacs, "no tiene sentido seguir dilapidando recursos en procedimientos inútiles o contraproducentes, ni continuar renunciando al ahorro que generan las tecnologías eficientes”.
Desde el punto de vista del coautor de este estudio, actualmente, el sistema con el que se decide que tecnologías no farmacológicas cubre o no el SNS es “científicamente ridículo al sustentarse en decisiones básicamente arbitrarias o políticas, y no en el conocimiento científico”.
Lo habitual, según Kovacs, es que la tecnología comience a aplicarse en un centro sanitario, a partir de que así se decida, y sin que,  en ningún momento, se exijan pruebas de evidencia científica. No obstante, explicó, “hay establecido un mecanismo formal por el cual le corresponde al Consejo Interterritorial de Salud decidir y ratificar una decisión previa tomada por una Comisión de Prestaciones compuesta por 28 cargos políticos, delegables de una reunión a otra, opinando sobre unas tecnologías desconocidas en su mayoría".
El presidente de la OMC insistió, en otra de sus intervenciones, en la necesidad de crear mecanismos que permitan evaluar y conocer aquellas tecnologías sanitarias que resulten ineficientes. A su juicio, “todo aquello que se incorpore al SNS debería ser evaluado previamente y establecer mecanismos de seguimiento”. El doctor Rodríguez Sendín insta a que se actúe de manera urgente con la innovación tecnológica de igual manera a lo que se hace con los medicamentos a los que se les somete a una evaluación previa. "Porque la evaluación previa si bien se realiza con los medicamentos no sucede lo mismo con la tecnología y debe hacerse".
Y es que como remarcó el doctor Kovacs, “no podemos aplicar a los pacientes tecnologías que sólo creemos que son más eficaces, sin que haya pruebas de que realmente lo sean”. Por ello, insistió, “es fundamental la realización de ensayos clínicos antes de aplicar una tecnología; protocolizar el uso de esa tecnología; y realizar un seguimiento de los resultados de dicha aplicación".
La realidad, según indicó, es que España, Bélgica y Canadá son los únicos países del mundo en los que existe más de una agencia de evaluación de tecnología sanitaria. En España hay 6 agencias, más 17 servicios de evaluación, "sin embargo, los informes emitidos por estos organismos, no informan de manera sistemática sino a demanda; los informes no se hacen públicos; son informes no vinculantes". En este sentido, el presidente de la OMC dijo que “no hay nada como hacer público y transparente un estudio de estas características, es la mejor garantía”.
El doctor Rodríguez Sendín también instó a la creación de registros ordenados para poder denunciar los efectos secundarios adversos que afecten tanto a las innovaciones clínicas como a nuevas tecnologías, como ha ocurrido, recientemente, con el caso de los implantes mamarios defectuosos. “Esto es un avance en garantías que en el futuro se pueden ofrecer a los pacientes”, tal como consideró.
A partir de este estudio, se recomiendan dos acciones urgentes, según señaló el doctor Kovacs: en el caso de la rehabilitación se recomienda recortar el gasto inútil; y reinvertir los recursos ahorrados en extender los tratamientos eficaces y en implantar los tratamientos comprobadamente eficaces.
El trabajo presentado por Kovacs, realizado en período entre 2004 y 2007, pone de manifiesto que el Servicio Canario de Salud gastó más de 5.100.000 de euros en costear en centros privados concertados el tratamiento rehabilitador de 8.308 pacientes con dolor de cuello, 5.693 con dolor lumbar y 5.035 con dolor de hombro. Como media, estos pacientes recibieron entre 30 y 35 sesiones de rehabilitación, en las que se aplicaron una media de cuatro técnicas rehabilitadoras distintas.
Del total de los tratamientos aplicados, sólo el 39,9% (que supusieron el 40,5% de los costes) sí tenían fundamento científico. El resto, no.  Así, el 59,5% de los fondos públicos, más de tres millones de euros, se destinó a pagar tratamientos carentes de fundamento científico.  El 27,54% de esos fondos cubrió la aplicación de tratamientos que habían demostrado previamente ser inútiles.
Según los datos aportados por el doctor Kovacs, entre los tratamientos no evaluados para cervicalgia están: termoterapia y onda corta; lumbalgia: intoforesis y magnetoterapia; y para hombro: masaje, tens, electroestimulación, onda corta, magnetoterapia e intoforesis.
De eficacia incierta figuran: para cervicalgia: masaje, tens, tracción, ultrasonido; para lumbalgia: termoterapia, electroestimulación, onda corta, ultrasonido (posteriormente, demostrado inútil);  y para hombro: ultrasonido, laser.
Mientras los comprobadamente ineficaces resultan para cervicalgia: electroestimulación, intoforesis, magnetoterapia;  para lumbalgia: movilización, tracción lumbar; y para hombro: onda corta.
Para considerar que un tratamiento era efectivo bastó con que una sola revisión sistemática o guía de práctica clínica lo clasificara como tal -aunque todas las demás concluyeran lo contrario-, y se asumió que el simple hecho de denominar a un tratamiento con el nombre de uno que hubiera demostrado ser efectivo, significaba que lo era (aunque no se cumplieran los requisitos mínimos con respecto a su duración o características).
Por otra parte, sólo se calcularon los costes de los pacientes tratados en clínicas privadas concertadas (que sólo representan el 70% de los pacientes y en los que algunos costes –como los de personal-, suelen ser inferiores a los de la sanidad pública), y sólo se computaron los costes directos en personal y equipamiento, lo que sólo supone una fracción del coste sanitario (al que habría que añadir costes de instalaciones, etc.) y una pequeña parte de los costes totales (que también incluyen costes laborales, tiempo, desplazamientos, etc.).
Finalmente, el Dr. Francisco Kovacs concluye con que “estos datos también aconsejan que las autoridades sanitarias no retrasen más la aplicación de las medidas recomendadas por los expertos para asegurar que se decide con un fundamento racional qué tratamientos financia la sanidad pública y cuáles no. Estas medidas se recogen en www.adopcioninnovacionessanitarias.es.
El estudio se puede consultar a pie de página.
 

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