viernes, 1 de junio de 2012

Economía y sanidad, ¿ecuación imposible?


Juan Oliva, Presidente de AES
Estos días los economistas parece que no gozamos de gran simpatía entre la población. En especial, los que trabajamos en el ámbito de la salud y los servicios sanitarios ante las medidas de inminentes recortes o ajustes, según a quién se pregunte, en el ámbito público. Posiblemente no estemos exentos de culpa si se nos identifica con agoreros preocupados esencialmente en decir “qué no se puede hacer” o “hasta dónde podemos llegar”. Sin embargo, los profesionales con interés en la economía y gestión de la salud, que desempeñan sus tareas tanto en la academia como en organismos internacionales, servicios centrales de consejerías de salud, centros asistenciales públicos, fundaciones y empresas privadas, no nos vemos necesariamente reflejados en dicho perfil. Nuestras labores transitan por, difundir conocimiento científico que pueda contribuir a la mejora de la salud y de los servicios de atención sanitaria para el conjunto de la población, en impulsar debates en torno a las alternativas que persigan la eficiencia y equidad en los sistemas de salud, en contribuir a generar una cultura de evaluación en el conjunto de los sistemas de salud o en tratar de promover el buen gobierno de la salud, entre otras.
Por este motivo, desde años anteriores a esta crisis económica apuntábamos la necesidad de avanzar en reformas en el seno de nuestro sistema nacional de salud, puesto que, primero, un sistema sanitario, por bueno que sea, siempre oculta bolsas de ineficiencia que pueden ser corregidas; segundo, era preferible mejorar lo bueno en época de bonanza de manera voluntaria que verse obligado a ello en época de mala situación económica; y tercero, porque un sistema que no persigue su mejora de manera continua está condenado a la erosión de su calidad en el largo plazo.
En un colectivo heterogéneo tanto por su carácter multidisciplinar como por los distintos intereses de los profesionales que confluyen en el mundo sanitario (o, en términos más generales, de la salud) será complejo identificar propuestas de consenso con el que se identifique la totalidad de dichas personas, pero sí es posible identificar al menos tres ejes vertebradores para una mejora de nuestro Sistema Nacional de Salud sobre las que se viene debatiendo desde hace años.
En primer lugar, nuestro sistema sanitario adolece de criterios claros y transparentes para determinar qué prestaciones deben ser incorporadas o mantenidas en el mismo, y cuáles han quedado obsoletas y son prescindibles por innecesarias, presentan un balance beneficio riesgo dudoso o el coste de asumirlas es desproporcionado en relación con su eficacia terapéutica. La consideración de la dupla coste-efectividad en la financiación selectiva de prestaciones hace tiempo que se ha incorporado de manera habitual en otros sistemas sanitarios europeos, con distintas fórmulas, mientras en nuestro país continúa siendo tarea pendiente.
Hay un amplio margen de mejora en la coordinación”
En segundo lugar, hay un amplio margen de mejora en la coordinación sanitaria, entre la asistencia primaria y la especializada, pero también entre sistemas, sanitario y servicios sociales. De la misma manera, construir un modelo centrado en la atención a pacientes crónicos, pluripatológicos y frágiles se apunta como uno de los grandes retos del sistema sanitario. Asimismo, hay un largo camino que recorrer en la proyección de la salud pública en otras políticas (laboral, educativa, ambiental, …). En este sentido, la construcción de entornos favorables para la salud y la promoción de los comportamientos saludables, evitando la resbaladiza pendiente de la “culpabilización de la víctima”, son elementos fundamentales para implicar a los ciudadanos en el cuidado de la salud, cuestión clave en las décadas venideras para el sostenimiento del Estado del Bienestar.
En tercer lugar, aunque ministerios y consejerías de Salud son fundamentales para marcar la ordenación, las políticas generales del sistema y su gobernanza, la implicación de los actores del sistema en el ámbito micro (los profesionales sanitarios) es capital para la prestación al ciudadano de un servicio de calidad. Para ello es necesario dar ejemplo desde las altas instancias profesionalizando los puestos de gestión a través de concursos por concurrencia competitiva abierta y evaluación periódica del desempeño. Contratar por curriculum técnico y no por filiaciones partidistas. Complementariamente, la búsqueda de esquemas de incentivos (no únicamente monetarios) adecuados y de fórmulas que permitan una mayor autonomía en el ejercicio de la labor asistencial son elementos clave para aumentar el reconocimiento social y profesional de los trabajadores sanitarios y para garantizar la ejecución de políticas basadas en la calidad asistencial a un coste razonable.
Curiosamente, sobre la propuesta que más tinta hace correr en los medios, el llamado copago sanitario, no hay unanimidad. Posiblemente porque “copago sí, copago no” es un debate demasiado simple. Hay una enorme variedad de posibilidades de corresponsabilidad financiera del usuario en los servicios sanitarios, y cada una de ellas tiene sus potenciales ventajas, pero también sus riegos. En cambio sí aseguraría que es sentir común que el copago puede tener sentido junto a otro conjunto de políticas sanitarias, pero por sí sólo tiene escaso recorrido y no puede ser la pieza en la que se funden las esperanzas ni del sostenimiento financiero del sistema ni del uso adecuado de sus recursos.
Nuestro sistema nacional de salud está mostrando todo su valor en estos difíciles momentos, siendo uno de los estabilizadores clave para que la crisis económica no derive en una crisis social de gran magnitud. La solvencia del mismo pasará necesariamente por conjugar medidas de amplio calado consensuadas a nivel político, bien explicadas a los ciudadanos, que cuenten con la colaboración de los profesionales del propio sistema y que favorezcan la gestión los recursos disponibles conforme a criterios de equidad y eficiencia. Por el contrario, recortes indiscriminados conllevarían una erosión de la calidad del sistema y arriesgarían la desafección del ciudadano hacia el sistema sanitario y hacia sus responsables políticos.
Es necesario dar ejemplo profesionalizando los puestos de gestión”
Hay otras alternativas que defender. Un mantra repetido hasta la saciedad en las últimas fechas es que hay que tomar decisiones valientes. Sin duda, pero sobre todo decisiones inteligentes y bien informadas. Ello convierte en inaplazable la tarea largamente retrasada de que la cultura de la evaluación, la transparencia y la rendición de cuentas impregnen nuestro sistema sanitario de una manera mucho más decidida que hasta el momento.
Juan Oliva es presidente de la junta directiva de la Asociación de Economía de la Salud.
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